En la cruda realidad boliviana, la debilidad institucional estructural promueve acciones aisladas en función de intereses –políticos, corporativos y económicos, específicos. Tales acciones se nutren del extractivismo, e impiden configurar una economía diversificada inclusiva; el resultado es que, a nivel de las personas, ningún plan o programa asistencial –por grande que sea el bono, mitiga o revierte el daño de la corrupción, el extractivismo, el contrabando, etc., que destruyen empleos productivos.
