El pasado 11 de mayo, el poder judicial nicaragüense, sometido a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, decidió anular los títulos de profesionales y de notario de 26 abogados nicaragüenses que previamente habían sido condenados a otras penas como la pérdida de su nacionalidad, la confiscación de sus bienes, la supresión de sus pensiones o el destierro en juicios desarrollados de manera anormal, violando el principio del debido proceso y el derecho a la defensa que tenían los acusados.
