El sistema de pensiones en Bolivia enfrenta desafíos significativos que ponen en riesgo su sostenibilidad y eficacia a largo plazo, entre otras la falta de autonomía de la Gestora Pública, la idoneidad de esa entidad y el temor de que el gobierno pueda usar los fondos de jubilación para financiar sus actividades. Una de las principales dificultades que enfrenta el sistema, afirma un informe de la Fundación Milenio, es el conflicto de interés generado por la falta de autonomía de la Gestora, que mantiene una relación de dependencia con el Ministerio de Economía y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS)
