La Renta Dignidad – Comunicado de UNO (20.5.22)

Ante el progresivo desfinanciamiento de la Renta Dignidad, la plataforma Una Nueva Oportunidad comunica a la ciudadanía lo siguiente: 
Cuando se creó la Renta Dignidad, se decidió ella sería financiada con el 30% del IDH (que el gobierno central trasfiere a Gobernaciones y Municipios) y los dividendos de las Empresas Públicas Capitalizadas (hoy nacionalizadas). Sorprende saber que se estaría preparando un proyecto de ley que obligaría a los trabajadores a efectuar aportes que van de 0,3% hasta el 3% del total ganado, para asegurar el financiamiento de dicha Renta. También, que las empresas de telecomunicaciones con patrimonios superiores a 1.000 millones de bolivianos tendrían que aportar el 10% de sus ingresos brutos y finalmente, que Yacimientos de Litio de Bolivia, tendría que aportar el 30% de sus ingresos. Además, por DS 4716 el gobierno ha
dispuesto que las “utilidades” de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) se destinen al Fondo Solidario y/o al Fondo de Renta Universal de Vejez.

Esta situación nos obliga a realizar las siguientes puntualizaciones:
El gobierno quiere que el déficit en la Renta Dignidad lo paguen los trabajadores. Al crear la Pensión Solidaria de Vejez el gobierno dispuso que ésta sea financiada por todos los trabajadores con el 0,84% de su ingreso mensual, con aportes variables del 3% al 10% de los ingresos superiores a 13.000 Bs, y finalmente, con aporte de las empresas iguales al 3% de la planilla salarial. El Estado no aportó nada. Ahora, quiere hacer lo mismo.
Las fuentes de financiamiento de la Renta Dignidad se están desmoronando:
a) El monto recaudado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) ha disminuido considerablemente, de 15.602 millones de bolivianos en 2014 a 6.304 millones de bolivianos en 2021 (proyectado). Es el producto de la política hidrocarburífera del gobierno, que ha sido incapaz de descubrir un solo pozo de gas y se ha limitado a extraer gas de los pozos descubiertos por los neoliberales. 
b) En las Empresas Públicas (no solo las capitalizadas) las utilidades han disminuido de 7.371 millones de bolivianos en 2014 a 2.873,0 millones de bolivianos en 2021. Ya en 2019, año anterior a la pandemia, las utilidades habían caído a 1.487 millones de bolivianos y en 2020 -año de la pandemia, no de “sabotajes”- las pérdidas han sumado 757 millones de bolivianos. La recuperación de 2021, está relacionada con el repunte de los precios internacionales, no con una mejor gestión.
c) La Gestora Pública no ha generado hasta el momento ni un solo centavo de ingresos. Es absurdo incluirla entre las posibles nuevas fuentes de
financiamiento. Señalamos que los sueldos que paga a su burocracia están por encima de toda norma.
Sobre estas bases, la plataforma Una Nueva Oportunidad llega a estas conclusiones:
a) Hay otra forma de financiar la Renta Dignidad: el gobierno tiene que apretarse los cinturones. Mantiene a 526.000 funcionarios públicos, con una planilla anual aproximada de 3.886 millones de dólares. Si solamente reduce esta frondosa panilla en 10%, dispondría de 388,6 millones de dólares, suficientes para pagar a 640.170 beneficiarios; es decir, al 57,0%. No se trata de despedir a los funcionarios públicos de mandos medios, sino de ajustar la planilla de burócratas sobrepagados, cuya remuneración no guarda relación con su productividad (Gestora, YPFB, Bulo Bulo, altos cargos de la burocracia central y de las empresas públicas; parlamentarios, concejales, etc.).
b)  Hay que realizar cambios profundos en las empresas públicas. La mayoría contó con créditos baratísimos del Banco Central, pero aun así reportan pérdidas. Sus resultados financieros indican que su gerencia es de mala calidad. La legislación actual, especialmente la ley SAFCO, obliga a la buena gerencia y a la diligencia debida, pero sus prescripciones no se cumplen. Las empresas públicas y sus ejecutivos tienen que responder por los resultados de su gestión ante la Asamblea Legislativa y ante un organismo de supervisión y control, por lo que propugnamos una Ley de Responsabilidad de Gestión de la Empresa Pública. 
La Paz, 20 de mayo de 2022
Por la plataforma Una Nueva Oportunidad:
Carlos Derpic Salazar CI 1271460
Edgar Cadima CI 385549
Guillermo Mariaca CI 188961
Gonzalo Flores Céspedes CI 2052932

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