El Plan Bicentenario, en su componente de Estabilización, contempla políticas para reducir el abultado déficit fiscal y sanear las finanzas públicas, realizar una corrección ordenada del tipo de cambio, asegurar la solvencia del sistema financiero y avanzar en una reforma tributaria. Se plantea recortar el gasto corriente del Estado, racionalizar la administración pública, redimensionar y sanear las empresas públicas, focalizar la Renta Dignidad en los adultos mayores de menores ingresos y, sobre todo, desmontar gradualmente el subsidio a los combustibles, hoy equivalente a más del 11% del PIB. Para que la transición no castigue a las familias de bajos recursos, se prevé una compensación directa en efectivo mientras suben los precios de la gasolina y el diésel. Paralelamente, el Banco Central recuperaría independencia y pasaría a administrar un tipo de cambio flexible con la ayuda de un mercado bursátil de divisas. Un respaldo financiero puente del FMI y del FLAR, estimado en USD 2.600 millones, de libre disponibilidad (que podría escalar a USD 3.840 millones, con otros créditos de organismos internacionales), permitiría recomponer reservas y contener la inflación, proyectada en alrededor de 3% a partir del segundo año de ejecución del Programa de Estabilización Económica.
