La impunidad es el resultado de unos órganos jurisdiccionales débiles e ineptos que no pueden o no quieren tomar las disposiciones adecuadas para investigar y perseguir los casos de abusos contra los derechos humanos, incluidas las violaciones del derecho a la vida, de los derechos civiles y especialmente, los derechos políticos. En poder judicial está sometido por el ejecutivo y es directamente responsable ante éste, mientras que las autoridades policiales aplican resoluciones judiciales sin reacción institucional.