Los fundamentos del mencionado decreto 4134 eran, además de una referencia al artículo 232 de la Constitución Política del Estado, que el numeral 5 del artículo 235 de la misma establece que es obligación de las servidoras y los servidores públicos respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública; que la administración pública debe ejercerse en estricto servicio al pueblo boliviano y no someterse a intereses político partidarios; y que es necesario normar el uso de la imagen de las altas autoridades en las entidades y empresas públicas del Órgano Ejecutivo, en conformidad a los principios rectores y valores supremos del Estado. Pues bien, el pasado 15 de marzo, el gobierno de Luis Arce Catacora dictó el decreto supremo Nº 4891 que, en su artículo único y sin mayor fundamentación, abrogó el mencionado decreto 4134.
