Autor: Pluralista

Este video te da la oportunidad de adherirte a la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vía de la Organización de los Estados Americanos. Apoya !

La siguiente nota periodística pertenece a Página Siete (31.12.17). Por su importancia para nuestra Plataforma Ciudadana, la transcribimos en su totalidad incluyendo las fotos respectivas. Nos permitimos esta pequeña discrecionalidad habida cuenta de la prominencia que tiene Página Siete en los medios de circulación nacionales. Nuestra agrupación ciudadana destaca en las movilizaciones que ha convocado. 

“Perdimos el miedo; lo peor que nos pudieron hacer es dejarnos sin agua el año pasado; eso es imperdonable, por eso estoy aquí… además, quiero que se respete mi voto; basta de protestar sólo por las redes (sociales)”. Con esos argumentos y a paso apresurado, Mónica se dirigía el 21 de febrero, después de las 18:00, a la plaza Mayor de  San Francisco de La Paz. Su objetivo era sumarse a la concentración ciudadana convocada por el respeto a los resultados del Referendo del 21 de febrero (21F) de 2016. En la consulta  ganó el “No” a una cuarta reelección del presidente Evo Morales.

Pero la administradora de empresas paceña  de 34 años, que trabaja con temas de medioambiente en el oriente boliviano, guardaba un temor: que la movilización no fuera masiva.  “Ójala seamos muchos”, expresó.

Apenas llegó a la plaza Mayor su temor se transformó en una sonrisa de satisfacción: miles de  personas  ya habían llegado al lugar. Casi llenaban la plaza, pero   se las veía dispersas, en grupos. Algunos de esos  grupos parecían de amigos, otros de  familias enteras, incluso con niños, que portaban en las manos  banderas de Bolivia y carteles  con frases como “Bolivia dijo No”, “Evo no siempre”, “Mi voto se respeta” y  “No es no”.

De pronto, un “¡Bolivia dijo No!” retumbó en la plaza Mayor -gracias a unos parlantes – y todos  voltearon hacia una tarima instalada sobre al anfiteatro que tiene el lugar, y comenzaron a gritar “¡Bolivia dijo No!”.

Así comenzó en La Paz la multitudinaria  concentración ciudadana en defensa del “No” a la reelección de Evo Morales expresada en el 21F. En el resto de país, los medios de comunicación reflejaron movilizaciones igual de masivas.  En Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Beni, Tarija, Chuquisca, Pando y en las demás ciudades de departamentos. Las plazas principales se llenaron de ciudadanos que pedían el respeto a su voto. Las convocatorias se habían realizado en su gran mayoría a través de las  redes sociales, de  influencers, entre los que estaban  activistas, periodistas, analistas, ciudadanos comunes  y hasta políticos opositores.

Esta  concentración del 21 de febrero fue la primera convocada  por las plataformas ciudadanas,  a las que la población  boliviana  respondió de manera masiva. Luego vino la del 10 de octubre, cuando se recordaron los 35 años del regreso de Bolivia a la democracia.

Otra vez las plazas principales y calles se llenaron de gente   que, convocada por las plataformas ciudadanas, volvió a exigir el respeto a su voto en el 21 F. Pero había otra razón más para la protesta: la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta que presentó el MAS ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para habilitar a Evo Morales como candidato a la Presidencia.

¿El argumento?  Cuatro artículos (156, 168, 285 y 288) de la Constitución Política del Estado  violan los derechos humanos de Morales, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que dicen que es un derecho de los ciudadanos “votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas” y  “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

El 29 de noviembre, el TCP falló a favor del pedido del MAS: la reelección indefinida de Morales. Y, sin convocatoria previa, los movimientos ciudadanos, en primera instancia de Santa Cruz y La Paz, tomaron las calles para expresar su rechazo a la decisión.

En muchos casos la Policía reprimió las protestas y detuvo a activistas, en su mayoría jóvenes y mujeres,   como en el caso de Santa Cruz. Incluso  intentaron tomar entidades del Estado, como el Tribunal Electoral Departamental.

Las movilizaciones se prolongaron durante días y se extendieron a Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Beni y  Potosí. Llegaron a  cuestionar a dirigencias históricamente representativas, como la del Comité Cívico de Santa Cruz, que tardó en fijar su posición ante el fallo del TCP.

Otra Izquierda es Posible; Fuerza Ciudadana; Una Nueva Oportunidad; Me Comprometo, Voto No; Todos Podemos ser Presidente; Kuña Mbarete; Sos Bolivia; Primero Bolivia; Generación 21, CUB, Revolución juvenil Bolivia  son algunas de estas plataformas ciudadanas que los columnistas, colaboradores y periodistas de Página Siete consideran son el Personaje de 2017.

Punto de vista

Franco Gamboa

 Sociólogo

2017, año de la movilización civil

2017 fue intenso en cuanto a la movilización de la sociedad civil y es notorio cómo el país se ha enriquecido en sus formas de organización a través de distintos  medios.  La población encontró muchos más canales de expresión y las organizaciones vivas de la sociedad civil mejoraron su impacto y alcances.

Es importante destacar que estas plataformas de crítica,  articulación, movilización y participación ciudadana están directamente ligadas a las redes sociales de internet, que permiten que la opinión o  críticas de la sociedad civil se vehiculicen  inmediatamente.

Este año fue altamente politizado, particularmente por  las decisiones tomadas en niveles altos,  como en el Tribunal Constitucional (reelección indefinida de Evo Morales)  y en la Asamblea Legislativa, con el aprobación del nuevo Código Penal, lo que  está provocando la articulación y movilización de la sociedad civil. Sin embargo, se tiene que destacar que aún hay una enorme brecha entre la crítica,  la gran expresividad, muy rica, de la sociedad civil, y la posibilidad real de cambios verdaderos que repercutan en la vida cotidiana de quienes  critican, se movilizan, porque  llegado el momento tienen cero efectividad.

Un ejemplo es el triunfo  del voto nulo en las elecciones judiciales, promovido en gran parte por estas plataformas ciudadanas, que no repercutió en las decisiones políticas, porque aún con esos resultados se posesionó a los nuevos magistrados.

Este artículo es un comentario sobre la causa de los médicos. El régimen masista ha hecho aprobar el artículo 205 en una reciente ley sobre el Código Penal. Dicho artículo hace de la actividad médica una actividad criminal. Guillermo Mariaca Iturri nos da una línea editorial sobre el tema.  

La guerra de la salud

Hay que aprender a escoger las batallas. Sobre todo porque este gobierno cree que la política es guerra y, por consiguiente, que hay que aniquilar al enemigo. Sobre todo, también, cuando su ocasional adversario –los médicos y todo el sistema de salud- supone que cuenta con la autoridad moral, el apoyo público y una buena capacidad de movilización y resistencia. Sobre todo, cuando la primera batalla es una trampa camuflada en dos artículos del código penal.

La guerra iniciada por el gobierno no es contra los médicos, es contra la mercantilización de la medicina. La respuesta de los médicos, por consiguiente, no debiera concentrarse en la defensa de sus intereses ni contra el código penal sino en construir un excelente servicio público de salud. Dirán que no es su responsabilidad. Quizá. Pero es su única posibilidad de ganar la guerra transformándola en servicio.

El gobierno quiso matar dos pájaros de un tiro. Como la medicina en Bolivia es prohibitiva y el gobierno no hizo nada para universalizar el servicio público ni para sustituir el paradigma curativo por el preventivo –si fueran socialistas lo hubieran hecho-, intenta encubrir su negligencia acusando a los médicos de negligentes. Los médicos, por su parte, vista la oportunidad de desinfectar su tradición liberal, objetan con razón que la solución no es la penalización judicial. Ambos buscan aliados pero se han quedado solos porque ninguno propone alternativas a esta guerra que, como toda guerra, solo tendrá derrotados si continúa el ritmo del desastre.

Sin embargo, si la dirigencia médica pudiera superar su tan limitada tradición gremial y la implícita defensa de la liberalización de la medicina sin regulaciones, sería relativamente fácil volcar la tortilla. Imaginémonos que determinan unilateralmente poner en suspenso sus medidas. Que asumen esa fundamental responsabilidad estatal que es elaborar una Ley general de salud que ponga en el centro la prevención y a la gente. Que esa Ley desnude en su exposición de motivos la precariedad de nuestro sistema de salud. Que incorpore un código de ética que sancione la negligencia y premie la excelencia. Que determine un presupuesto de transición y de emergencia para dotar de cargos, equipamiento y medicamentos al actual sistema durante los siguientes dos años congelando todos los gastos suntuarios del gobierno. Que elaboren la ley en consulta con la gente. Que sabiendo cuán profundamente política es la salud de un pueblo, se pongan del lado de su pueblo y propongan que la norma debe ser la excelencia del servicio público, gratuito y universal, y la excepción el servicio privado regulado. Y que denuncien el carácter negligente y dictatorial del gobierno a través de todos los medios y con sus muchos recursos. Otro sería el cantar. Sería un cantar y no una nueva protesta destinada al abismo.

Hay que saber escoger las batallas, sobre todo el terreno y la orientación de las batallas, en este escenario todavía político que, sin embargo, cada vez más es un escenario de guerra abierta.

Si ustedes son derrotados será porque eligieron la soledad gremial y la defensa de sus consultorios privados y sus clínicas; pero si optan por la solidaridad con la gente que los respeta y los aprecia todos saldremos ganando. Ustedes, los ciudadanos, inclusive este gobierno al que sólo le importa el poder. Porque el gobierno se habrá visto obligado a coexistir en la política y no a imponer una nueva guerra. Porque nosotros –médicos y ciudadanos- habremos ganado mucho más porque el bien común y el servicio público nuevamente formarán parte de nuestra vida diaria. Porque el juramento hipocrático habrá retomado su profundo sentido de cuidado de la vida. Porque la política volverá a ser una palabra sagrada y no el nombre de la ignominia.

Esta es la pregunta que nos presenta Gonzalo Rojas. Aquí indaga, brevemente, la importancia e implicancias del 21F. Este artículo publicado en Los Tiempos no ha perdido vigencia.

Sencillamente porque el pueblo, constituido como tal en la concurrencia a las urnas, dijo no al prorroguismo, dijo no a que los actuales presidente y vice se sigan reeligiendo teniendo el aparato del Estado a su disposición con la cada vez menor institucionalidad. Ya fue una audacia de la actual Constitución el que se permitiera dos periodos consecutivos -a diferencia de la precedente, donde solo era posible después de un periodo-, y aunque había el acuerdo político de contabilizar el primer periodo de Morales y García, explícito en la disposición transitoria primera, parágrafo II de ese mismo Cuerpo legal, éste fue burlado con el beneplácito del Tribunal Constitucional que los habilitó al actual  tercer periodo. Como los desempeños electorales previos del MAS desde que es oficialista han sido en general exitosos, y queriendo asegurarse un cuarto se convocó al referéndum del pasado año y el rechazo fue mayoritario, como suelen ser en este tipo de decisiones, donde se tiende a polarizar entre las dos únicas opciones en disputa. Solo abiertas dictaduras ganan por porcentajes elevados, y a veces ni así. Pero en ninguna democracia digna de ese nombre se busca cambiar el resultado antes de cumplirse ese mandato. Un importante estudios contemporáneo de la democracia sostiene que esta necesita de “buenos perdedores” para sobrevivir.

No es poco mérito el despliegue ciudadano para ponerle un alto a un régimen que entiende la política en un sentido muy simple, derrotar “enemigos” electoralmente (y alguna maniobra “extra”, si es preciso) y hacer campaña, antes que gestión pública. A estas alturas, episodios de manejo prebendal y clientelar como el Fondioc y más recientemente la lógica de funcionamiento de la UPRE del Ministerio de la Presidencia, sólo tienen coherencia bajo ese prisma, el de asegurarse electorado fiel, no el de atender necesidades sociales con perspectiva de sostenibilidad y ciudadanización integral. Bajo tales premisas, es consecuencia lógica la ausencia de diálogo y debate público con distintos sectores, propio de una vida democrática que necesariamente incluye a la oposición y no es el monólogo descalificador de otras visiones al que está habituado el régimen en voz de sus principales funcionarios. Del mismo modo, la persistencia de servicios precarios (salud, educación, etc.) cuando no definitivamente deficientes como la provisión de agua potable en varias ciudades capitales. Desde luego que hay razones estructurales para estas dificultades, pero la disponibilidad de recursos inédita en nuestra historia no tiene correspondencia con un gobierno que debiera preveer y planificar respuestas adecuadas a ello. Para eso se necesita personal calificado, no simplemente adeptos, esos “chupa tetillas” del que habla el propio Presidente.

Nuestra dependencia de la explotación de recursos naturales, gas y minería, es hoy mayor que cuando empezó esta “era Evo”, sin embargo esa condición es acompañada de rimbombante propaganda que muy pocos creen. El periodismo de investigación, algunas de las más antiguas ONGs y algunos centros académicos, consiguen a duras penas algo de información para monitorear lo que quisiéramos fueran logros importantes para nuestra sociedad y la respuesta del régimen es la descalificación y una draconiana legislación a la que puede seguir la acción judicial –justamente del órgano que el propio gobierno reconoce con grandes limitaciones- contra esa curiosidad y mirada crítica imprescindible en una sociedad democrática, que fortalece así su ámbito público; pero ese no es nuestro caso.

 La política hoy no es ni puede ser monopolio de unos cuantos “elegidos” por su proximidad al régimen y a los titulares transitorios de éste. El burdo maniqueísmo con el que actuales voceros se colocan en el polo “izquierda” lo que muestra es el desgaste de esa polaridad para cualquier análisis significativo, pues automáticamente invalidan al resto, negándoles cualquier intervención legítima, erosionando gravemente la cultura ciudadana y acercando al conjunto muy cerca al autoritarismo, como vemos en experiencias cercanas en la región, en larga y dolorosa crisis una vez que la figura del caudillo desaparece de escena, porque se revela mortal como todos. Los empeños de deificación al actual mandatario son verdaderamente a contramano de procesos de modernización democrática. Incluso ahora puede tener las complejidades de configurar una democracia intercultural que recupere rasgos señeros de lo que la Constitución (Art. 11) denomina “democracia comunitaria”, como el turno o muyu, que es precisamente la alternabilidad en cargos de responsabilidad, que no privilegio vitalicio ni acumulación de prerrogativas. Del mismo modo, los cantos de pachamamismo, cuya figura visible fue el excanciller, en vez de inteligente ecologismo ha devenido en un fiasco folklorizante del régimen que pone en riesgo el futuro de las inmediatas generaciones de conciudadanos y conciudadanas con la continuidad extractivista. Por eso me sumo a la fiesta ciudadana, para que haya la renovación ya decidida.

*Politólogo y profesor universitario.

Publicado en Los Tiempos, Cochabamba, 20 de febrero del 2017. También en ANF, La Paz, 20 de febrero del 2017. Y también en “Ideas” suplemento dominical de Página Siete, La Paz, 19 de febrero de 2017.

En este breve articulo Gonzalo Rojas hace un balance de las recientes elecciones judiciales. Por un lado está una impresionante movilización popular y por otro el desprecio del oficialismo hacia los resultados.

Acabamos de concurrir a los urnas para, formalmente, elegir magistrados del órgano judicial del país. Sin embargo, es inocultable su vinculación con otro hecho de la mayor importancia y gravedad: en la misma semana, el martes 28 de noviembre el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a  un mes de cesar en sus funciones, hizo conocer el fallo que da curso al pedido de algunos miembros del oficialismo de hacer prevalecer un supuesto derecho humano del presidente del Estado por encima de la restricción del Art. 168 constitucional que prohíbe más de un par de periodos continuos en esas altas funciones. Como es sabido, además está vigente el resultado del del referéndum  del 21F 2016 cuando la ciudadanía le negó la posibilidad de anular dicha restricción perfectamente coherente con la existencia de una presidencia institucional.

Los resultados de esta reciente consulta muestran algo más de la mayoría absoluta de votos emitidos por el “nulo” que sumados a los “blancos” representan 2/3 de los votantes. Por tanto, solo el tercio dieron su respaldo a alguno de los postulantes que son los “votos válidos”. En una elección cualquiera esto ya es preocupante, en la actual, que reitera–agravados- una tendencia de la vez anterior (2011) no solo es preocupante sino está mostrando una situación de crisis. No del sistema judicial, que desde luego está y hace tiempo, sino del sistema político.

La inadmisible ceguera del oficialismo que repite que “se respeta el resultado del 21F” solo porque no hubo reforma constitucional –y sí la triquiñuela del TCP- que de aplicarse ese fallo que omite referencia al 21F es lo que está trasuntando el profundo malestar que no puede atribuirse a conspiración alguna. Esto es lo que subyace en la impresionante movilización ciudadana para expresar el voto nulo, incluida la supervisión y resguardo de los escrutinios que hacen inocultable ésta tendencia, la del rechazo al régimen, incluida la innovación de elegir jueces. No es forzada esta interpretación. lo dicen líderes de opinión, los activistas ciudadanos y los mismos ciudadanos y ciudadanas que con las fotos de sus papeletas anuladas circulan en las redes de manera apabullante.

Pero hay algo triste en ello. Si bien es de admirar el compromiso ciudadano para hacerse escuchar en su protesta en las urnas, como formalmente el asunto es la elección de jueces, el sistema político puede –obtusamente- ignorar este clamoroso signo. Y esto está haciendo, según las declaraciones de los habituales voceros del oficialismo, incluidos los mandatarios principales. Esta incapacidad para hacerse cargo de tan estruendosa derrota pone en entredicho gravemente la continuidad de la vida democrática del país. Ya se han escuchado proclamas que piden privilegiar otro tipo de recurso de protesta, que de ponerse en marcha seguramente traerán violencia y luto. Porque autoconvencidos de la lejana legitimidad del “proceso de cambio”, los actuales miembros del oficialismo son, hasta ahora, incapaces de procesar inteligentemente los datos de la reciente concurrencia electoral.

*Gonzalo Rojas Ortuste es politólogo, profesor e investigador del postgrado de la universidad pública.