Los proyectos más jugosos del millonario programa de infraestructura que el expresidente boliviano promovió durante su gestión terminaron en manos de empresarios cercanos al poder y de compañías que recibían contratos antes de habilitarse legalmente ante el fisco. La discrecionalidad a la hora de repartir proyectos acabó en pérdidas económicas para el Estado y en edificaciones sobredimensionadas, subutilizadas o con fallas que le robaron a los bolivianos el prometido desarrollo.
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Nota del Editor: reproducimos este extenso artículo por su rigor periodístico y en función a un enfoque pluralista. Los autores no son miembros de Una Nueva Oportunidad. UNO no necesariamente se adscribe a la línea editorial del mismo.
