El gobierno del MAS, emulando a sus socios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, avanza aceleradamente en la estructuración de un ordenamiento jurídico claramente violatorio de la democracia y los derechos humanos, buscando legalizar sus abusos y configurando un Estado policial.
Ahora es el proyecto de “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales” que contiene aspectos inaceptables, como los siguientes:
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La ampliación de facultades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), mediante 23 atribuciones que le permiten intervenir discrecionalmente en asuntos privados violando el derecho a la privacidad, realizar tareas de inteligencia, y pedir -sin necesidad de orden judicial o requerimiento fiscal información sobre valores, seguros, pensiones; acciones comerciales, tributarias, económicas; registros notariales, civiles, derechos reales, profesionales y otros.
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La eliminación del secreto profesional o la confidencialidad cuando la UIF haga solicitudes.
